SKOMA-LUX
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
de 11 de diciembre de 2007 *
En el asunto C-161/06,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al
artículo 234 CE, por el Krajský soud v Ostravě (República Checa) mediante
resolución de 10 de marzo de 2006, recibida en el Tribunal de Justicia el 24 de marzo
de 2006, en el procedimiento entre
Skoma-Lux sro
y
Celní ředitelství Olomouc,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),
integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans,
A. Rosas, K. Lenaerts y A. Tizzano, Presidentes de Sala, y el Sr. R. Schintgen, la Sra.
R. Silva de Lapuerta, el Sr. K. Schiemann, la Sra. P. Lindh y los Sres. J.-C. Bonichot
(Ponente), T. von Danwitz y A. Arabadjiev, Jueces;
* Lengua de procedimiento: checo.
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Abogado General: Sra. J. Kokott;
Secretario: J. Swedenborg, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 26 de
junio de 2007;
consideradas las observaciones presentadas:
— en nombre de Skoma-Lux sro, por el Sr. P. Ritter, advokat;
— en nombre del Gobierno checo, por el Sr. T. Boček, en calidad de agente;
— en nombre del Gobierno estonio, por el Sr. L. Uibo, en calidad de agente;
— en nombre del Gobierno letón, por las Sras. K. Bārdina y R. Kaskina, en calidad
de agentes;
— en nombre del Gobierno polaco, por las Sras. E. Ośniecka-Tamecka, M. Kapko y
M. Kamejsza, en calidad de agentes;
— en nombre del Gobierno eslovaco, por el Sr. J. Čorba, en calidad de agente;
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— en nombre del Gobierno sueco, por el Sr. A. Kruse y la Sra. A. Falk, en calidad
de agentes;
— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por las Sras.
J. Hottiaux y M. Šimerdová y por el Sr. P. Aalto, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el
18 de septiembre de 2007;
dicta la siguiente
Sentencia
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 58
del Acta relativa a las condiciones de adhesión a la Unión Europea de la República
Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letónia, la
República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República
de Polonia, la República de Eslovénia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de
los Tratados en los que se fundamenta la Unión (DO 2003, L 236, p. 33; en lo
sucesivo, «Acta relativa a las condiciones de adhesión»), en virtud de la cual la
República Checa se convirtió en Estado miembro de la Unión Europea a partir del
1 de mayo de 2004.
2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre la sociedad Skoma-Lux sro
(en lo sucesivo, «Skoma-Lux») y la Celní ředitelství Olomouc (Dirección de Aduanas
de Olomouc; en lo sucesivo, «Dirección de Aduanas»), relativo a la multa impuesta a
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Skoma-Lux por unas infracciones aduaneras supuestamente cometidas entre marzo
y mayo de 2004, en el que dicha empresa alegaba que la Dirección de Aduanas no
podía invocar en su contra una normativa comunitaria que aún no había sido
publicada en lengua checa en el Diario Oficial de la Unión Europea,
Marco jurídico
Normativa comunitaria
Acta relativa a las condiciones de adhesión
3 El Acta relativa a las condiciones de adhesión es parte integrante del Tratado entre el
Reino de Bélgica, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la
República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, Irlanda, la República
Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República
de Austria, la República Portuguesa, la República de Finlandia, el Reino de Suécia, el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Estados miembros de la Unión
Europea) y la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la
República de Letónia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República
de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovénia y la República Eslovaca,
relativo a la adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de
Chipre, la República de Letónia, la República de Lituania, la República de Hungría, la
República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovénia y la República
Eslovaca a la Unión Europea (DO 2003, L 236, p. 17). En ella se establecen las
condiciones de adhesión y las adaptaciones de los Tratados en que se basa la Unión
exigidas por dicha adhesión.
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4 A tenor de lo dispuesto en el artículo 2 del Acta relativa a las condiciones de
adhesión:
«Al producirse la adhesión, las disposiciones de los Tratados originarios y los actos
adoptados con anterioridad a la adhesión por las Instituciones y el Banco Central
Europeo serán vinculantes para los nuevos Estados miembros y serán aplicables en
dichos Estados en las condiciones establecidas en dichos Tratados y en la presente
Acta.»
5 El artículo 58 de dicha Acta dispone lo siguiente:
«Los textos de los actos de las instituciones y del Banco Central Europeo adoptados
antes de la adhesión y establecidos por el Consejo, la Comisión o el Banco Central
Europeo, en lengua checa, estonia, húngara, letona, lituana, maltesa, polaca, eslovaca
y eslovena serán auténticos, desde el momento de la adhesión, en las mismas
condiciones que los textos redactados en las once lenguas actuales. Se publicarán en
el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos en que también lo hubiesen sido
los respectivos textos en las lenguas actuales.»
El Reglamento n° 1
6 Según el artículo 1 del Reglamento n° 1 del Consejo, de 15 de abril de 1958, por el
que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea (DO 1958,
17, p. 385; EE 01/01, p. 8), en su versión modificada por el Acta relativa a las
condiciones de adhesión, las lenguas oficiales de la Unión son:
«el alemán, el castellano, el checo, el danés, el eslovaco, el esloveno, el estonio, el
finés, el francés, el griego, el húngaro, el inglés, el italiano, el letón, el lituano, el
maltes, el neerlandés, el polaco, el portugués y el sueco».
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7 El artículo 4 de este Reglamento dispone lo siguiente:
«Los reglamentos y demás textos de alcance general se redactarán en las veinte
lenguas oficiales.»
8 El artículo 5 de dicho Reglamento establece:
«El Diario Oficial de la Unión Europea se publicará en las veinte lenguas oficiales.»
9 El artículo 8 del mismo Reglamento está redactado así:
«Por lo que respecta a los Estados miembros donde existan varias lenguas oficiales,
el uso de una lengua se regirá, a petición del Estado interesado, por las normas
generales de la legislación de dicho Estado.»
10 El artículo 199 del Reglamento (CEE) n° 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de
1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento
(CEE) n° 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero
Comunitario (DO L 253, p. 1), establece lo siguiente:
«Sin perjuicio de la eventual aplicación de disposiciones de tipo represivo, la
presentación en una aduana de una declaración firmada por el declarante o por su
representante constituirá un compromiso con arreglo a las disposiciones vigentes
por lo que respecta a:
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— la exactitud de las indicaciones que figuran en la declaración,
— la autenticidad de los documentos adjuntos, y
— el cumplimiento del conjunto de las obligaciones inherentes a la inclusión de las
mercancías de que se trate en el régimen en cuestión.»
Normativa nacional
11 El artículo 293, apartado 1, letra d), de la Ley 13/1993 (en lo sucesivo, «Ley de
Aduanas») dispone:
«Infringe las disposiciones aduaneras quien obtenga la inclusión de mercancías en
un régimen aduanero por medio de documentos espurios, alterados o falsificados o
de datos inexactos o falsos.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
12 Skoma-Lux es una empresa que se dedica a la importación y al comercio de vinos. El
30 de septiembre de 2004, la Oficina de Aduanas de Olomouc le impuso una multa
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por una infracción repetida de la normativa aduanera supuestamente cometida por
dicha empresa el 11, 22 y 23 de marzo, el 6 y 15 de abril y el 18 y 20 de mayo de
2004. La Dirección de Aduanas confirmó dicha multa mediante resolución de 10 de
enero de 2005 y Skoma-Lux interpuso recurso de anulación contra dicha resolución
ante el Krajský soud v Ostravě (Tribunal regional) el 16 de marzo de 2005.
13 La infracción de la normativa aduanera que se imputa a Skoma-Lux es la
presentación de datos inexactos en lo relativo a la clasificación arancelaria del vino
tinto Kagor VK. La Dirección de Aduanas estima, no sólo que dicha sociedad
vulneró ciertas disposiciones de la Ley de Aduanas, en su versión vigente antes de la
adhesión de la República Checa a la Unión, sino también que cometió la infracción
aduanera prevista en el artículo 293, apartado 1, letra d), de esta misma Ley, al no
respetar lo dispuesto en el artículo 199, apartado 1, del Reglamento n° 2454/93.
14 Skoma-Lux basa, en parte, su recurso de anulación en la inaplicabilidad del
Reglamento comunitario a las infracciones que se le imputan, incluidas las
posteriores a la adhesión de la República Checa a la Unión, al no haber sido
publicadas en lengua checa las disposiciones del Derecho comunitario aplicadas por
las autoridades aduaneras en la fecha en que se cometieron tales infracciones.
15 La Dirección de Aduanas alega que el Ministerio de Hacienda checo publicó la
versión checa de las disposiciones pertinentes en formato electrónico, que SkomaLux
podía conocer tales disposiciones dirigiéndose a los servicios de aduanas y que
dicha sociedad, que se dedicaba desde hacía mucho tiempo al comercio
internacional, conocía las disposiciones comunitarias pertinentes.
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16 Ante esta situación, el Krajský soud v Ostravě decidió suspender el procedimiento y
plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
1) ¿Debe interpretarse el artículo 58 del Acta relativa a las condiciones de
adhesión, en virtud de la cual la República Checa se convirtió en Estado
miembro de la Unión desde el 1 de mayo de 2004, en el sentido de que cualquier
Estado miembro puede aplicar a los particulares un reglamento que en el
momento de su aplicación no ha sido debidamente publicado en el Diario
Oficial de la Unión Europea en la lengua de dicho Estado miembro?
2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿es la inaplicabilidad frente
a los particulares del reglamento correspondiente una cuestión de interpretación
o una cuestión de validez del Derecho comunitario en el sentido del
artículo 234 CE?
3) Si el Tribunal de Justicia decidiera que la presente petición de decisión
prejudicial gira en torno a la validez de un acto comunitario, en el sentido de la
sentencia de 22 de octubre de 1987, Foto-Frost (314/85, Rec. p. 4199),
¿resultaría inválido el Reglamento n° 2454/93, en lo que respecta a la
demandante y a su litigio con las autoridades aduaneras checas, por no haber
sido debidamente publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea con
arreglo al artículo 58 del Acta relativa a las condiciones de adhesión?
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre la primera cuestión
17 En su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de
Justicia si el artículo 58 del Acta relativa a las condiciones de adhesión permite
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oponer a los particulares de un Estado miembro las disposiciones de un reglamento
comunitario que no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea en la
lengua de dicho Estado miembro, pese a que dicha lengua es una lengua oficial de la
Unión.
18 El órgano jurisdiccional remitente observa que, en su sentencia de 15 de mayo de
1986, Oryzomyli Kavallas y otros (160/84, Rec. p. 1633), apartados 11 a 21, el
Tribunal de Justicia se planteó ya la cuestión de si la publicación insuficiente de un
acto comunitario en el Diario Oficial de la Unión Europea constituye un motivo que
impida oponer a los particulares la normativa de que se trate. En dicha sentencia, el
Tribunal de Justicia tuvo en cuenta el hecho de que a los particulares afectados les
fue imposible conocer la normativa invocada en su contra.
19 En lo que respecta al litigio principal, el órgano jurisdiccional remitente estima que
la mayoría de los interesados conocen el contenido de las normas jurídicas a través
de su versión electrónica, de modo que el hecho de que una normativa comunitaria
no haya sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea no significa que sea
imposible disponer de ella. En efecto, la Unión ha publicado en Internet versiones
lingüísticas provisionales o sometidas a una revisión provisional y resulta habitual
efectuar búsquedas sobre Derecho comunitario en bases de datos como el Servicio
interinstitucional de consulta en línea del Derecho de la Unión Europea (EUR-Lex).
20 En este contexto, a su juicio, puede parecer legítimo aceptar que la aplicabilidad de
una normativa comunitaria no publicada en la lengua de que se trate se determine
caso por caso, tras haber examinado si los particulares tuvieron efectivamente la
posibilidad de conocer el contenido del documento que se trate. En un asunto como
el que se discute en el litigio principal, la sociedad demandante no podía no estar
informada, ya que opera a nivel internacional y la obligación de declarar con
exactitud las mercancías importadas constituye una regla aduanera conocida en
todos los Estados miembros.
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21 No obstante, el órgano jurisdiccional remitente reconoce que el requisito formal de
la debida publicación de la normativa en la lengua oficial del destinatario garantiza
los principios de seguridad jurídica y de igualdad de los ciudadanos (véanse las
sentencias de 1 de octubre de 1998, Reino Unido/Comisión, 0209/96, Rec.
p. I-5655, apartado 35, y de 20 de mayo de 2003, Consorzio del Prosciutto di Parma
y Salumificio S. Rita, 0108/01, Rec. p. I-5121, apartado 89). En su opinión, la
coexistencia de varias traducciones no oficiales con diferencias entre sí contribuye a
acentuar la incertidumbre jurídica.
Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia
22 Skoma-Lux considera que no se le podía oponer el Reglamento n° 2454/93, dado
que no había sido traducido al checo. Impugna, por otra parte, la afirmación de que
cabía suponer que ella conocía la existencia de dicha normativa, dada su actividad en
el ámbito del comercio internacional.
23 Skoma-Lux sostiene que, antes de la traducción al checo de la normativa
comunitaria, no podía estar al corriente del Derecho exactamente aplicable, dado
que la Ley de Aduanas difería del Código Aduanero Comunitario en lo relativo a la
clasificación del vino, que constituye el objeto del litigio principal. Alega a este
respecto que la nueva clasificación, recogida en el Reglamento n° 2454/93, fue
establecida a petición suya, tras haberlo solicitado así en los contactos que mantuvo
con la Comisión, y que no cabe reprocharle, por tanto, no haber tenido en cuenta
conscientemente dicha normativa.
24 Los Gobiernos checo, letón y sueco estiman que, con arreglo a las disposiciones del
artículo 254 CE, en relación con las de los artículos 2 y 58 del Acta relativa a las
condiciones de adhesión, uno de los requisitos para que el Derecho comunitario sea
oponible a los particulares en el Estado miembro de que se trate es que sea
debidamente publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea en la lengua de
dicho Estado.
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25 Invocan, en particular, el respeto de los principios de no discriminación por razón de
nacionalidad, de igualdad y de seguridad jurídica.
26 Dichos Gobiernos consideran, además, que las versiones en formato electrónico de
las traducciones, anteriores a la publicación del Diario Oficial de la Unión Europea
en formato electrónico, no ofrecen suficiente seguridad jurídica.
27 El Gobierno estonio considera que del artículo 254 CE se deduce que la publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea de la legislación comunitaria derivada, en
las lenguas oficiales de los nuevos Estados miembros, constituye una obligación para
la Unión en el momento en que dichos Estados se adhieren a ella, y que la ausencia
de dicha publicación constituye una violación de esta obligación.
28 No obstante, como el principio de seguridad jurídica únicamente exige que los
nacionales de un Estado miembro puedan conocer con exactitud el alcance de las
obligaciones que les impone la normativa, es preciso tener en cuenta la posibilidad
de conocer los actos jurídicos a través de Internet. Tal es el caso de las personas que
utilizan Internet y que están al corriente de las modificaciones introducidas en el
ordenamiento jurídico como consecuencia de la adhesión de su Estado a la Unión. A
juicio de este Gobierno, forman parte de dicha categoría de «nacionales informados»
aquellos que, como Skoma-Lux, están diariamente en contacto con el Derecho
comunitario en el ejercicio de su actividad profesional.
29 El Gobierno polaco afirma, al término de un análisis de idéntica naturaleza, que un
particular en un Estado miembro sólo podría eludir las consecuencias negativas de la
aplicación de las disposiciones de un acto jurídico que no ha sido objeto de
publicación oficial en la lengua nacional si se acreditase que no había tenido
conocimiento del contenido de dicho acto por otros medios.
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30 Según la Comisión, no cabe oponer a los particulares las disposiciones de un
reglamento que, en el momento de ser aplicado por las autoridades de un Estado
miembro, no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea en la lengua
oficial del Estado de que se trate.
31 La Comisión propone, sin embargo, que se tome en consideración la posibilidad de
conocer dicho texto en otra lengua o en formato electrónico. Recuerda así que el
Reglamento aduanero controvertido en el litigio principal fue publicado en checo en
el sitio Internet de EUR-Lex el 23 de noviembre de 2003, posteriormente apareció en
versión impresa el 30 de abril de 2004 y quedó expuesto en el tablón de anuncios de
la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (OPOCE).
Finalmente fue publicado, en los mismos términos, en una edición especial del
Diario Oficial de la Unión Europea el 27 de agosto de 2004.
Respuesta del Tribunal de Justicia
32 Con arreglo al artículo 2 del Acta relativa a las condiciones de adhesión, al
producirse la adhesión, los actos adoptados con anterioridad a la misma por las
instituciones son vinculantes para los nuevos Estados miembros y son aplicables en
dichos Estados. No obstante, la posibilidad de oponer dichos actos a las personas
físicas y jurídicas en tales Estados está supeditada a la observancia de las condiciones
generales de aplicación del Derecho comunitario en los Estados miembros,
establecidas en los Tratados originarios y, en el caso de los nuevos Estados
miembros, en la propia Acta relativa a las condiciones de adhesión.
33 Del tenor de las disposiciones del artículo 254 CE, apartado 2, se deduce que un
reglamento comunitario sólo puede producir efectos jurídicos si ha sido publicado
en el Diario Oficial de la Unión Europea.
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34 Por otra parte, se deduce de las disposiciones del artículo 58 del Acta relativa a las
condiciones de adhesión, en relación con los artículos 4, 5 y 8 del Reglamento n° 1,
que, para un Estado miembro cuya lengua es una lengua oficial de la Unión, procede
considerar debidamente publicado un reglamento comunitario cuando dicho acto se
publica, en esa lengua, en el Diario Oficial de la Unión Europea,
35 Éstas son, por tanto, las condiciones en las que deben aplicarse en los nuevos
Estados miembros las disposiciones de los Tratados originarios y los actos adoptados
antes de la adhesión por las instituciones y por el Banco Central Europeo, en virtud
del artículo 2 del Acta relativa a las condiciones de adhesión.
36 Tal interpretación, además de disfrutar de la legitimidad que le confiere el propio
tenor de los Tratados, es la única compatible con los principios de seguridad jurídica
y de no discriminación.
37 En efecto, del apartado 15 de la sentencia de 25 de enero de 1979, Racke (98/78, Rec.
p. 69), se deduce que un acto que emana de una institución comunitaria, tal como el
Reglamento controvertido en el litigio principal, no es oponible a las personas físicas
y jurídicas en un Estado miembro antes de que éstas tengan la posibilidad de
conocerlo mediante su debida publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
38 El Tribunal de Justicia ha declarado que el imperativo de seguridad jurídica exige
que toda normativa comunitaria permita a los interesados conocer con exactitud el
alcance de las obligaciones que les impone, algo que sólo puede garantizarse
mediante la debida publicación de dicha normativa en la lengua oficial de
destinatario (véanse igualmente, en este sentido, las sentencias de 26 de noviembre
de 1998, Covita, 0370/96, Rec. p. I-7711, apartado 27; de 8 de noviembre de 2001,
Silos, C-228/99, Rec. p. I-8401, apartado 15, y Consorzio del Prosciutto di Parma y
Salumificio S. Rita, antes citada, apartado 95).
I - 10882
SKOMA-LUX
39 Además, sería contrario al principio de igualdad de trato aplicar del mismo modo las
obligaciones impuestas por una normativa comunitaria en los antiguos Estados
miembros, en los que los particulares tienen la posibilidad de conocer tales
obligaciones, en la lengua de dichos Estados, a través del Diario Oficial de la Unión
Europea, y en los nuevos Estados miembros, en los que una publicación tardía ha
hecho imposible el conocimiento de dichas obligaciones.
40 La observancia de estos principios fundamentales no es contraria al principio de
efectividad del Derecho comunitario, dado que este último principio no puede
referirse a normas que aún no son oponibles a los particulares.
41 En efecto, si bien el hecho de que los nuevos Estados miembros adopten todas las
medidas oportunas para garantizar la efectividad del Derecho comunitario en sus
ordenamientos jurídicos internos parece conforme al principio de cooperación leal
establecido por el artículo 10 CE, sería contrario a la ley, habida cuenta del análisis
antes expuesto, exigirles que impongan a los particulares obligaciones contenidas en
textos de alcance general no publicados en la lengua oficial de dichos Estados en el
Diario Oficial de la Unión Europea,
42 Reconocer tal oponibilidad a un acto que no ha sido debidamente publicado, en
nombre del principio de efectividad, equivaldría a hacer recaer en los particulares
del Estado miembro de que se trate las consecuencias negativas del incumplimiento
de la obligación de la Administración comunitaria de poner a disposición de éstos,
en la fecha de la adhesión, la totalidad del acervo comunitario en todas las lenguas
oficiales de la Unión (véase en este sentido la sentencia Racke, antes citada,
apartado 16).
43 Es cierto que en algunas de las observaciones presentadas ante el Tribunal de
Justicia se alega que, en los apartados 11 a 21 de la sentencia Oryzomyli Kavallas y
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otros, antes citada, este Tribunal ya analizó la cuestión de si procedía considerar, en
todos los casos, que una publicación insuficiente del Derecho comunitario en el
Diario Oficial de la Unión Europea constituía un motivo que impidiera oponer a los
particulares la normativa de que se tratase.
44 Pero dicha sentencia debe interpretarse en su contexto y teniendo en cuenta la
cuestión sometida al Tribunal de Justicia. Este Tribunal se limitó a valorar la
imposibilidad de que una sociedad griega conociera la normativa comunitaria en el
momento de la adhesión de la República Helénica a las Comunidades Europeas. La
cuestión de la publicación en debida forma de dicha normativa no se planteaba
como tal. El Tribunal de Justicia únicamente analizó si, en el momento de la
adhesión de la República Helénica, una sociedad griega, que había presentado ante
sus autoridades nacionales unas solicitudes irregulares, con arreglo a las normas
comunitarias, a fin de obtener la condonación de derechos de importación, podía sin
embargo obtener tal condonación, habida cuenta de las dificultades experimentadas
por dicha sociedad, así como por la Administración griega, para conocer la
normativa comunitaria y aplicar sin errores las nuevas normas.
45 El órgano jurisdiccional remitente, ciertos Estados miembros que han presentado
observaciones y la Comisión afirman que, por sus propias características, la sociedad
demandante en el litigio principal estaba informada de la normativa comunitaria
aplicable, ya que es un operador dedicado al comercio internacional que conoce
forzosamente el contenido de las obligaciones aduaneras, y en particular la
obligación de declarar con exactitud las mercancías importadas. A su juicio, en un
caso de esta índole procedería aplicar la normativa comunitaria, aunque no hubiera
sido publicada, desde el momento en que pudiera acreditarse que el interesado
conocía, de hecho, dicha normativa.
46 Sin embargo, tal circunstancia no puede bastar para permitir que se oponga a un
particular una normativa comunitaria que no ha sido debidamente publicada en el
Diario Oficial de la Unión Europea.
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SKOMA-LUX
47 Del mismo modo, tanto el órgano jurisdiccional remitente como ciertos Estados
miembros que han presentado observaciones y la Comisión sostienen además que,
hoy en día, es corriente que los particulares tomen conocimiento de las normas del
Derecho comunitario a través de su versión en formato electrónico, de modo que
habría que relativizar las consecuencias de la falta de publicación de las normas
comunitarias en el Diario Oficial de la Unión Europea y ya no procedería considerar
que ello entraña una indisponibilidad de tales normas. La Comisión añade que el
Reglamento controvertido en el litigio principal fue publicado en checo en el sitio
Internet de EUR-Lex el 23 de noviembre de 2003, posteriormente apareció en
versión impresa el 30 de abril de 2004 y quedó expuesto en el tablón de anuncios de
la OPOCE.
48 No obstante, es preciso señalar que, aunque la legislación comunitaria esté
disponible, efectivamente, en Internet y los particulares tomen conocimiento de ella
cada vez con mayor frecuencia a través de este medio, tal método de puesta a
disposición del público de dicha legislación no puede considerarse equivalente a una
publicación en debida forma en el Diario Oficial de la Unión Europea, al no existir
en el Derecho comunitario disposición alguna a este respecto.
49 Por lo demás, es preciso subrayar que, si bien diversos Estados miembros han
adoptado como forma válida de publicación de su normativa la publicación en
formato electrónico, ésta es objeto de diversas disposiciones legales o reglamentarias
que la regulan con precisión y determinan con exactitud los casos en que dicha
publicación es válida. Dadas estas circunstancias, en el estado actual del Derecho
comunitario, el Tribunal de Justicia no se encuentra en situación de afirmar que este
modo de poner a disposición del público la legislación comunitaria baste para
garantizar la oponibilidad de la misma.
50 En el estado actual del Derecho comunitario, la única versión auténtica de un
reglamento comunitario es la publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, de
modo que no cabe oponer a los particulares una versión en formato electrónico
anterior a dicha publicación, aunque posteriormente se compruebe que coincide
con la versión publicada.
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51 Por lo tanto, procede responder a la primera cuestión que, si una normativa
comunitaria no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea en la
lengua de un nuevo Estado miembro, pese a que dicha lengua es una lengua oficial
de la Unión, el artículo 58 del Acta relativa a las condiciones de adhesión impide
imponer las obligaciones contenidas en la mencionada normativa a unos
particulares en ese Estado, aunque éstos hubieran podido tomar conocimiento de
dicha normativa por otros medios.
Sobre la segunda cuestión
52 En su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la
imposibilidad de oponer a los particulares en un Estado miembro un reglamento
comunitario no publicado en la lengua de dicho Estado constituye una cuestión de
interpretación o una cuestión de validez de dicho reglamento.
Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia
53 El Gobierno checo se basa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para afirmar
que el hecho de que un reglamento comunitario no haya sido publicado en el Diario
Oficial de la Unión Europea no influye en su validez y que, por lo tanto, el análisis de
las consecuencias de esta falta de publicación sólo se refiere a la interpretación del
Derecho comunitario. En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que la validez
de tal reglamento no resulta afectada por el hecho de que su publicación sea
posterior a la expiración del plazo fijado al efecto, ya que dicha tardanza únicamente
puede repercutir en la fecha a partir de la cual dicho reglamento puede ser aplicado
o producir efectos (sentencia de 29 de mayo de 1974, König, 185/73, Rec. p. 607,
apartado 6).
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SKOMA-LUX
54 El Gobierno letón considera que la inaplicabilidad a los particulares de un
reglamento comunitario no publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea es
una cuestión de validez, ya que, en concreto, los efectos de dicha inaplicabilidad son
idénticos a los de la inexistencia de tal reglamento. Así pues, a su juicio, para zanjar
los litigios que se les han sometido, los tribunales nacionales deben considerar que
dicho reglamento nunca ha existido.
55 Para la Comisión, que se basa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la
disponibilidad del Diario Oficial de la Unión Europea en los diferentes Estados
miembros no afecta ni a la fecha en la que un reglamento se considera publicado ni a
la fecha de su entrada en vigor (véase en este sentido la sentencia Racke, antes citada,
y la de 25 de enero de 1979, Decker, 99/78, Rec. p. 101). Por lo tanto, en sí misma, la
indisponibilidad de una versión lingüística del Diario Oficial de la Unión Europea
no puede poner en entredicho la validez ni la fecha de entrada en vigor de dicho
reglamento.
56 La Comisión estima, por consiguiente, que la cuestión de determinar si un
reglamento es oponible o no a un particular cuando no ha sido publicado en el
Diario Oficial de la Unión Europea es una cuestión de interpretación del Derecho
comunitario.
Respuesta del Tribunal de Justicia
57 La cuestión que se plantea el órgano jurisdiccional remitente es si un reglamento
que no ha sido publicado en la lengua de un Estado miembro es inválido con arreglo
a las disposiciones del artículo 254 CE, apartado 2, primera frase, de los artículos 2
y 58 del Acta relativa a las condiciones de adhesión y de los artículos 4 y 5 del
Reglamento n° 1.
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SENTENCIA DE 11.12.2007 — ASUNTO C-161/06
58 Es pacífico que dichas disposiciones no afectan a la validez de un reglamento
aplicable en los Estados miembros en los que ha sido debidamente publicado.
59 Además, la circunstancia de que dicho reglamento no sea oponible a los particulares
en un Estado miembro en cuya lengua no ha sido publicado no influye en absoluto
en el hecho de que, al formar parte del acervo comunitario, sus disposiciones
vinculan al Estado miembro de que se trate desde el momento de la adhesión.
60 La interpretación obtenida al poner en relación las disposiciones mencionadas en el
apartado 57 de la presente sentencia, tal y como se expone en la respuesta dada a la
primera cuestión, tiene por objeto y por efecto retrasar la oponibilidad de las
obligaciones que un reglamento comunitario impone a los particulares en un Estado
miembro hasta el momento en que estos últimos puedan tomar conocimiento del
mismo de modo oficial y sin ambigüedad alguna.
61 Por lo tanto, procede responder a la segunda cuestión que, al declarar que un
reglamento comunitario no publicado en la lengua de un Estado miembro no es
oponible a los particulares en dicho Estado, el Tribunal de Justicia procede a una
interpretación del Derecho comunitario en el sentido del artículo 234 CE.
Sobre la tercera cuestión
62 Habida cuenta de la respuesta dada a la segunda cuestión, no procede pronunciarse
sobre la validez del Reglamento comunitario de que se trata.
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SKOMA-LUX
Sobre la solicitud de limitación en el tiempo de los efectos de la presente
sentencia
63 El Gobierno checo propone al Tribunal de Justicia que limite en el tiempo los
efectos de su sentencia, de modo que éstos comiencen en la fecha de publicación en
el Diario Oficial de la Unión Europea de las cuestiones prejudiciales que le habían
sido sometidas, sin que dicha limitación sea oponible a los demandantes que ya
hayan impugnado la aplicación de las disposiciones no publicadas o hayan
reclamado una indemnización por el perjuicio sufrido.
64 A juicio de este Gobierno, en el presente asunto concurren los dos criterios
fundamentales que determinan la posibilidad de establecer una limitación en el
tiempo de los efectos de una sentencia, a saber, el de que las personas de que se trate
hayan actuado de buena fe y el de que exista un riesgo de problemas graves, sin que
dichos problemas sean únicamente de carácter económico.
65 El Gobierno letón presenta una propuesta idéntica, pero a partir de la fecha de la
presente sentencia, a fin de eliminar la posibilidad de que se impugnen decisiones
que fueron adoptadas de buena fe, basándose en normativas comunitarias aún no
publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, y que no han sido recurridas
por sus destinatarios.
66 Dicho Gobierno considera que todos los Estados miembros que se adhirieron a la
Unión el 1 de mayo de 2004 actuaron de buena fe al aplicar normas comunitarias
que, en aquel momento, no habían sido publicadas en el Diario Oficial de la Unión
Europea. Y si, a la vista del contenido de la presente sentencia, fuera necesario anular
por infundadas las decisiones administrativas que se basaron en tales normas, ello
provocaría un gran número de recursos de anulación y graves consecuencias
financieras, no sólo para los presupuestos de los Estados miembros, sino también
para el presupuesto de la Unión.
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SENTENCIA DE 11.12.2007 — ASUNTO C-161/06
67 A este respecto procede recordar que, en un procedimiento de remisión prejudicial
relativo a la interpretación de una disposición del Derecho comunitario, el Tribunal
de Justicia, con carácter excepcional y en virtud del principio general de seguridad
jurídica inherente al ordenamiento jurídico comunitario, puede verse impulsado a
limitar la posibilidad de que cualquier interesado invoque una disposición
interpretada por dicho Tribunal con objeto de poner en tela de juicio relaciones
jurídicas establecidas de buena fe (véanse, en particular, las sentencias de 8 de abril
de 1976, «Defrenne II», 43/75, Rec. p. 455, apartados 72 a 75, y de 6 de marzo de
2007, Meilicke y otros, 0292/04, Rec. p. 1-1835, apartado 35).
68 No obstante, esta jurisprudencia se refiere a un supuesto distinto del que aquí se
analiza. En efecto, en el presente asunto, no se trata de la cuestión de la limitación en
el tiempo de los efectos de una sentencia del Tribunal de Justicia relativa a la
interpretación de una disposición del Derecho comunitario, sino de la limitación de
los efectos de una sentencia que se refiere a la propia oponibilidad de un acto
comunitario en el territorio de un Estado miembro. Por consiguiente, no cabe
aplicar por analogía dicha jurisprudencia en el presente asunto.
69 Procede recordar igualmente que, con arreglo al artículo 231 CE, cuando el Tribunal
de Justicia anula un reglamento, puede señalar, si lo estima necesario, aquellos
efectos del reglamento declarado nulo que deben considerarse definitivos.
70 De ello se deduce que, incluso cuando un acto es ilegal y procede actuar como si
nunca hubiera existido, una disposición expresa del Tratado CE permite que el
Tribunal de Justicia decida, no obstante, que algunas de sus consecuencias jurídicas
se considerarán legalmente producidas.
71 Idénticas exigencias de seguridad jurídica obligan a aplicar la misma regla a las
decisiones nacionales adoptadas en aplicación de disposiciones del Derecho
comunitario que no eran oponibles en el territorio de ciertos Estados miembros
al no haber sido debidamente publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea en
I - 10890
SKOMA-LUX
la lengua oficial de dichos Estados, exceptuando las decisiones que se encuentren
recurridas en vía administrativa o judicial en la fecha de la presente sentencia.
72 Así pues, en virtud del Derecho comunitario, los Estados miembros afectados no
están obligados a revisar las decisiones administrativas o resoluciones judiciales
basadas en tales normas, desde el momento en que hayan adquirido firmeza con
arreglo al Derecho nacional aplicable.
73 Únicamente cabría una solución distinta, en virtud del Derecho comunitario, en los
casos excepcionales en que, tomando como base las disposiciones mencionadas en el
apartado 71 de la presente sentencia, se hubieran adoptado medidas administrativas
o resoluciones judiciales, en particular de carácter represivo, que atentaren contra
los derechos fundamentales, extremo que corresponderá apreciar, dentro de estos
límites, a las autoridades nacionales competentes.
Costas
74 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de
un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste
resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del
litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no
pueden ser objeto de reembolso.
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SENTENCIA DE 11.12.2007 — ASUNTO C-161/06
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:
1) Si una normativa comunitaria no ha sido publicada en el Diario Oficial de
la Unión Europea en la lengua de un nuevo Estado miembro, pese a que
dicha lengua es una lengua oficial de la Unión Europea, el artículo 58 del
Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la
República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la
República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la
República de Polonia, la República de Eslovénia y la República Eslovaca, y a
las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión, impide
imponer las obligaciones contenidas en la mencionada normativa a unos
particulares en ese Estado, aunque éstos hubieran podido tener conocimiento
de dicha normativa por otros medios,
2) Al declarar que un reglamento comunitario no publicado en la lengua de
un Estado miembro no es oponible a los particulares en dicho Estado, el
Tribunal de Justicia procede a una interpretación del Derecho comunitario
en el sentido del artículo 234 CE.
Firmas
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