AUDIENCIA NACIONAL. Sentencia de 15-06-2006. Sala de lo ContenciosoAdministrativo.
SECCIÓN PRIMERA. Recopilación de datos entre los exalumnos
de una Academia para la celebración del aniversario de su
promoción.
La AN estima el recurso
Madrid, a quince de junio de dos mil seis.
Vistos por esta Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional los autos del recurso contencioso-administrativo núm. 521/04
interpuesto por el Procurador DON X.X.X., en nombre y representación de Y.Y.Y., Z.Z.Z.,
V.V.V., W.W.W., U.U.U., T.T.T.,A.A.A., B.B.B., C.C.C., D.D.D., E.E.E., F.F.F., G.G.G.,
H.H.H., I.I.I., J.J.J., K.K.K., L.L.L., M.M.M., N.N.N., O.O.O., P.P.P., Q.Q.Q., R.R.R.,
S.S.S., A.A.B., A.A.C., contra la resolución de fecha 18 de junio de 2004 desestimatoria
del recurso de reposición promovido contra la resolución de 28 de abril de 2004 dictada
en expediente sancionador por al AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS,
representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado. Ha intervenido como
codemandado la Procuradora DOÑA A.A.D., en nombre y representación de DON
A.A.E.. La cuantía del recurso es de 6.010,12 Euros.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por la parte recurrente se interpuso recurso contenciosoadministrativo
mediante escrito de fecha 29 de septiembre de 2004, acordándose por
providencia de esta Sala de fecha 14 -de octubre de 2004 su tramitación de
conformidad con las normas establecidas en la Ley 29/98, y la reclamación del
expediente administrativo.
SEGUNDO.- En el momento procesal oportuno la parte actora formalizó la
demanda mediante escrito presentado el 22 de diciembre de 2004, en el cual,
tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes,
terminó suplicando se dicte sentencia que con estimación íntegra del recurso,
declare contraria a Derecho y, en consecuencia, anule la resolución impugnada.
TERCERO.- El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito
presentado el 3 de marzo de 2005, en el cual, tras alegar los hechos y los fundamentos
jurídicos que estimó oportunos, terminó suplicando se dictara sentencia en la que se
desestimara el recurso y se confirmara la resolución administrativa impugnada por ser
conforme a Derecho.
CUARTO.- La parte codemandada, contestó a la demanda mediante escrito
presentado el 19 de abril de 2005, en el que, tras alegar los hechos y los fundamentos
jurídicos que estimó oportunos, terminó suplicando se dicte sentencia por la que se
desestime el recurso confirmando la resolución administrativa impugnada por ser
conforme a derecho.
QUINTO.-Habiéndose solicitado el recibimiento a prueba de las presentes
actuaciones, se acordó el trámite mediante Auto de 28 de abril de 2005, habiéndose
practicado las admitidas con el resultado que es de ver en las actuaciones. Declarado
concluso el término probatorio, se dio traslado a las partes por su orden para
conclusiones, quienes las evacuaron en sendos escritos en los que concretaron y
reiteraron sus respectivos pedimentos.
SEXTO.- Conclusos los autos, se señaló para la votación y fallo de este recurso el
día 17 de Mayo de 2006, fecha en la que tuvo lugar la deliberación y votación,
habiendo sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don A.A.F., quien expresa el parecer de
la Sala. FUNDAMENTOS
DE DERECHO
PRIMERO.- Los miembros de la Comisión para las Bodas de Plata de la XXX
Promoción de la Academia General Militar de Zaragoza, interponen recurso
contencioso-administrativo contra la resolución del Director de la Agencia de
Protección de Datos de 18 de junio de 2004 por la que se desestimaba el recurso de
reposición interpuesto frente a la resolución del mismo Director de 28 de abril de
2004, en el procedimiento sancionador PS/001 16/2003.
Dicha resolución declaró como hechos probados los siguientes:
“PRIMERO: Para la celebración de las bodas de plata de la XXXV
promoción de la Academia General Militar de Zaragoza se creó una comisión a
efectos de la organización del evento que se celebraría en marzo de 2002. Para
informar de los actos previstos para la celebración, se formó una comisión
formada por algunos miembros de dicha promoción quienes elaboraron un
listado informático con los datos de nombre, apellidos, dirección postal y Armé
de unos 400 miembros de la promoción. Dichos datos se obtuvieron de las
agendas personales de los propios miembros de promoción.
SEGUNDO: Para gestionar el evento se firmó un contrato con la agencia
de viajes Norte Sur, S.A. de fecha 03/12(0 1 por el cual la “Comisión para la
bodas de plata de la XXXV promoción de la Academia General Militar de
Zaragoza” encarga a la citada agencia la realización de determinadas gestiones
en su nombre y con la finalidad de organizar la celebración prevista. El contrato
tiene un plazo limitado (hasta marzo de 2002). Para dicha gestión la Comisíón
hace entrega a la agencia del listado con los datos de los miembros de la
promoción. La agencia de viajes se compromete a utilizar dichos datos con la
única finalidad de realizar la gestión encomendada, no cederlos a otras personas
o entidades, debiendo destruirlos o de volverlos a la Comisión cuando finalice su
tarea.
TERCERO: La agencia de viajes Norte Sur, S.A. envió a los miembros de
la XXXV promoción de la Academia General Militar de Zaragoza, cuyos datos
constaban en el referido listado, una carta con información sobre la celebración y
organización del evento. No consta la utilización de dichos datos para otras
actividades diferentes de -las pactadas con la mencionada Comisión. Terminada
la relación contractual, el listado de datos fue destruido.”
Consideró la Agencia que estos hechos constituían una vulneración del
principio del consentimiento recogido en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, lo
que constituye la infracción grave a que se refiere el art. 43.3.d), “tratar los
datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los
principios y garantías establecidos en la ley o con incumplimiento de los
preceptos de protección que impongan las disposiciones reglamentarias de
desarrollo, cuando no constituya infracción muy grave”, imponiéndose una
multa de 6.010,12 euros, al aplicarse la graduación prevista en el artículo 45.5
de la citada ley Orgánica.
SEGUNDO.- Señalan los actores en su demanda que es una tradición
consolidada que cada promoción celebre sus bodas de plata cuando se cumplen los 25
años desde la Jura de Bandera en la Academia General Militar y que la organización de
los actos conmemorativos queda en manos de cada promoción, constituyéndose al
efecto una comisión. Uno de los cometidos de esta comisión es el de localizar a todos
los compañeros de la promoción para informarles de los actos programados y para, en
su caso, confirmar su asistencia. Al efecto la Comisióñ confeccionó un listado con el
nombre, dirección postal y Arma (Infantería, Caballería, Artillería...) de los miembros de
la promoción, obteniendo los datos directamente de las agendas personales de los
compañeros de la promoción y para contrastar o buscar direcciones se utilizaron las
guías de servicios de telecomunicaciones.
Como es de ver el relato de la demanda coincide en lo sustancial con los hechos
declarados probados.
Su impugnación no se fundamenta por tanto en la discrepancia sobre los
hechos sino en la calificación jurídica de los mismos, así como en determinadas
infracciones procedimentales que pasamos a examinar a continuación.
La primera de ellas consistió en requerir información a los denunciados sin
notificarles con carácter previo o simultáneo el contenido de la denuncia, lo que a su
juicio supone una infracción del art. 24 CE que garantiza el derecho del acusado a no
declarar contra sí mismo, siendo imprescindible para la garantía de este derecho la
información previa sobre la acusación.
Si se examina el expediente se constata que los requerimientos de información a
que se refiere la demanda lo fueron con anterioridad a la apertura del procedimiento
sancionador y cuando no existía imputación alguna contra los recurrentes, por lo que
no se puede considerar infringido el derecho alegado que exige como presupuesto la
existencia de una imputación o de una acusación.
La segunda infracción procedimental consistió, según los actores, en el hecho de
que uno de los documentos del expediente administrativo (concretamente el sobre que
recibió el denunciante y en que consta la dirección postal, folios -685 y 686) fuese
incorporado al mismo con fecha 23 de abril de 2004, es decir cinco días antes de que
fuese dictada la resolución que puso fin al procedimiento sancionador y sin comunicarlo
a los denunciados, que no han tenido conocimiento del mismo hasta que se les ha
remitido el expediente administrativo por- la Audiencia Nacional. Este hecho les ha
producido grave indefensión y determina la nulidad del procedimiento sancionador.
En realidad este hecho no les ha producido ninguna indefensión pues los datos
contenidos en el sobre fueron facilitados por los propios denunciados a la agencia de
viajes que se encargó de remitir la carta al denunciante. Es decir, que se trataba de una
circunstancia perfectamente conocida por ellos y ninguna limitación de sus derechos de
defensa les produce el hecho de que se incorpore al expediente con posterioridad al
momento en que evacuaron sus alegaciones. Además, en este proceso han podido
impugnar este medio probatorio cosa que no han hecho.
TERCERO.- Despejadas las cuestiones formales debemos abordar la cuestión de
fondo.
El argumento central de los recurrentes consiste en entender que su acción está
excluida del régimen de protección de la ley 15/1999, amparándose en la previsión del
articulo 2.2.a).
Según este precepto están excluidos del ámbito de aplicación de la ley los
ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente
personales o domésticas.
La Agencia de Protección de Datos sostiene sobre esta cuestión que cuando los
datos de las agendas personales salen de la esfera personal y forman parte de un
conjunto de datos recogidos para la promoción de un evento, nos encontramos ante un
tratamiento de datos sujeto al ámbito de aplicación de la LOPD.
Parece que lo relevante para la Administración a los efectos de la sujeción al
régimen legal de protección de datos es la existencia de un tratamiento de datos en el
sentido legal. El
artículo 3.c) de la LOPD define el tratamiento de datos como aquellas
“operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la
recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación,
así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas,
interconexiones y transferencias” y según la Agencia de Protección de Datos en este
caso quedó acreditado que la citada Comisión elaboró un listado que facilitó a una
agencia de viajes para la promoción del evento, de suerte que ha existido recogida de
datos, grabación y comunicación de los mismos e incluso cancelación, lo que acredita
la existencia de tratamiento de datos.
El criterio del tratamiento como delimitador del ámbito de aplicación del régimen
de protección de la ley 15/1 999 es insuficiente. Un particular puede realizar
operaciones de recogida de datos para elaborar en su ordenador, agenda electrónica o
agenda manual un fichero de direcciones de sus amistades, lo que es muy frecuente
como todos sabemos, tal actividad constituye sin duda tratamiento en el sentido
expresado en el artículo 3.c) antes trascrito, y sin embargo no queda sujeto al ámbito
de aplicación de la ley. Lo excluye expresamente el artículo 2.2.a).
La propia Directiva 95/46/CE, de la que es desarrollo la ley 15/1 999, establece en
su considerando 12 que la aplicación de los principios de la protección de datos
Lo relevante para la sujeción al régimen de protección de datos no será por tanto
que haya existido tratamiento, sino si dicho tratamiento se ha desarrollado en un ámbito
o finalidad que no sea exclusivamente personal o doméstico.
Qué ha de entenderse por “personal” o “doméstico” no resulta tarea fácil.
En algunos casos porque lo personal y lo profesional aparece entremezclado. En
este sentido el adverbio “exclusivamente” utilizado en el art. 2.2.a) apunta a que los
ficheros mixtos, en los que se comparten datos personales y profesionales, quedarían
incluidos en el ámbito de aplicación de la ley al no tener como finalidad exclusiva el uso
personal.
Tampoco hay que entender que el tratamiento se desarrolla en un ámbito
exclusivamente personal cuando es realizado por un único individuo. Por ejercicio de
una actividad personal no debe entenderse ejercicio de una actividad individual. No
deja de ser personal aquella actividad de tratamiento de datos que aún siendo
desarrollada por varias personas físicas su finalidad no trasciende de su esfera más
íntima o familiar, como la elaboración de un fichero por varios miembros de una familia
a los efectos de poder cursar invitaciones de boda. Y un tratamiento de datos
personales realizado por un solo individuo con finalidad profesional, mercantil o
industrial estará claramente incluido en el ámbito de aplicación de la ley 15/1 999.
Será personal cuando los datos tratados afecten a la esfera más íntima de la
persona, a sus relaciones familiares y de amistad y que la finalidad del tratamiento no
sea otra que surtir efectos en esos ámbitos.
En un caso como el enjuiciado —elaboración de un fichero para celebrar las
bodas de plata de una promoción de la Academia General Militar- la finalidad del
tratamiento no excede del ámbito que acabamos de expresar pues tiene por objeto
mantener los lazos de amistad y compañerismo creados durante el período formativo
mediante la celebración de un acto puntual de confraternización de todos los miembros
de una determinada promoción con ocasión del veinticinco aniversario de su jura de
bandera. No
se pretende pues una finalidad profesional, aunque todos los partícipes de la
celebración pertenezcan a una misma corporación profesional como es la militar.
Por otra parte, este tipo de celebraciones son habituales en numerosos ámbitos
de la vida —aniversarios de bodas, de estudios universitarios, de oposiciones, etc... - y
aunque participen en ellos colectivos numerosos de personas no exceden de su ámbito
más íntimo y privado. En todas ellas es preciso un mínimo de organización que
necesariamente ha de conllevar un “tratamiento de datos”, en el amplio concepto que la
ley contempla. Ello no significa sin embargo que haya de sujetarse al régimen de
protección de la ley al no exceder, como hemos visto, de esa esfera personal o
doméstica de la que habla la ley, quedando por tanto excluidos de su ámbito de
aplicación.
La propia Directiva 9546/CE, de la que es desarrollo la ley 15/1999, establece en
su considerando 12 que la aplicación de los principios de la protección de datos debe
excluirse cuando el tratamiento de datos efectuado por una persona física lo haya sido
en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas, poniendo de
ejemplo la correspondencia o la llevanza de un repertorio de direcciones.
La pretensión de que tales actividades, en cuanto al tratamiento de datos,
debieran quedar sujetas a los principios de protección contemplados en la ley 15/1999,
con fundamento en una concepción maximalista del principio del consentimiento, como
parece expresar la Agencia de Protección de Datos, conllevaría una desnaturalización
de las relaciones sociales, sometiéndolas a unos rigores formales en cuanto al manejo
de datos personales totalmente ajenos al sentir social y en modo alguno exigidas por el
derecho fundamental a la autodeterminación informativa, derecho que no es absoluto y
que debe ser interpretado en cuanto a sus manifestaciones y exigencias partiendo de
su contraposición con otros derechos y valores constitucionales, como el libre
desarrollo de la personalidad, y de la realidad social a la que está dirigido.
De las razones expuestas se deduce en definitiva que no hay una conducta
antijurídica de la que pueda hacerse derivar una responsabilidad para los integrantes
de la “Comisión para la bodas de plata de la XXXV promoción de la Academia General
Militar de Zaragoza”, razón por la que la resolución impugnada debe ser anulada en los
términos interesados por los demandantes, con estimación de su recurso.
CUARTO.- No se aprecia temeridad o mala fe en ninguno de los litigantes a los
efectos previstos en materia de costas procesales en el artículo 139.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de esta Jurisdicción.
EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY
FALLAMOS
PRIMERO.- Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el
Procurador DON X.X.X., en nombre y representación de Y.Y.Y., Z.Z.Z., V.V.V., W.W.W.,
U.U.U., T.T.T., A.A.A., B.B.B., C.C.C., D.D.D., E.E.E., F.F.F., G.G.G., H.H.H., I.I.I., J.J.J.,
K.K.K., L.L.L., M.M.M. N.N.N., O.O.O., P.P.P., Q.Q.Q., R.R.R., S.S.S., A.A.A. , A.A.C.,
contra la resolución de fecha 18 de junio de 2004 desestimatoria del recurso de
reposición promovido contra la resolución de 28 de abril de 2004 dictada en
expediente sancionador por la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE
DATOS, resoluciones que anulamos.
SEGUNDO.- No hacer pronunciamiento sobre las costas causadas por no
haber mérito para su imposición.
Así, por ésta nuestra sentencia de la que se llevará testimonio a los autos
de su razón, lo pronunciamos mandamos y firmamos.
PUBLICACION.- Leída y publicada ha legalmente establecida. Doy fe. En
Madrid.